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Politica

Los gremios empresariales que desafían a la Corte.

Los empresarios vieron encarnar al castrochavismo la semana pasada en la decisión de la Corte Suprema de detener preventivamente al expresidente Uribe, investigado por presunta manipulación de testigos…

Este fantasma, y su agradecimiento al expresidente, los asustó y lo llevó, a la gran mayoría, a expresar un apoyo emocional e incondicional, tan controvertido y polarizador como la propia prisión.

No es de extrañar que empresarios y sindicatos de pura sangre de Uribe, como Fedegan y sus afiliados, saltarán a la arena para querer tomar el toro por los cuernos; pero es preocupante la reacción efervescente de los principales sindicatos multisectoriales que, en distintos tonos, cuestionaron o rechazaron la medida de la Corte.

Por tener el poder de representación para albergar a los sectores productivos más importantes del país, se destaca la posición del Consejo Nacional Sindical (CGN), que afirmó con vehemencia que el expresidente tiene derecho y legitimidad para atender libremente sus procesos y procedimientos judiciales que resultan de ella.

Andi y Fenalco, a su vez, con menos verticalidad pero con evidente descontento con la decisión de la Corte, recordaron que Uribe ha sido un servidor público ejemplar, que ha contribuido al desarrollo económico y empresarial colombiano y que esperan que lo demuestre. tu inocencia.

Otros sindicatos también se han adherido al comentario ciudadano de que si exguerrilleros de las FARC están en el Congreso, Uribe no debe ser detenido. Y en la memoria de muchos empresarios está la acción de la misma Corte de acusar a Andrés Felipe Arias de un crimen aún polémico.

El debate político sobre la prisión preventiva debe ser conducido por el Centro Democrático

Todos son argumentos políticos y emocionales que poco aportan al debate técnico-legal, que debe ser la principal fuente del discurso sindical. La posición política casi unánime de sindicatos y empresarios está motivada por tres temores: que Colombia ya no resulte atractiva para los inversionistas internacionales debido a la inseguridad jurídica y una agenda política socialista; que el Gobierno Nacional no gestiona los principales proyectos legislativos urgentes que el país necesita para su reactivación económica; y que el Gobierno pierde su gobernabilidad debilitando al partido que lo apoya en los territorios.

Y, a decir verdad, estos temores son comprensibles, pero no justifican la presión indebida sobre la justicia y la coacción sobre el equilibrio constitucional de poderes. De esta manera, los sindicatos se están volviendo parte del problema, alimentando la polarización política, profundizando la inestabilidad institucional y, de hecho, contribuyendo a la desaceleración del sistema político y económico.

La reacción tampoco es estratégica, no solo porque divide al mundo productivo colombiano en medio de la pandemia, sino también porque reconoce públicamente el impacto del progresismo socialista posiblemente infiltrándose en los tribunales superiores. La reacción de los sindicatos es, por tanto, innecesaria y contraproducente cuando todavía no estamos en una etapa avanzada del proceso y mucho menos ante una decisión de fondo de la Corte.

Es evidente que la controvertida medida preventiva, sin requerir una gran valoración jurídica, es más política que judicial, pero esto no debe justificar la politización de la agenda empresarial. El debate político sobre la prisión preventiva debe ser conducido por el Centro Democrático, por supuesto. Ni los sindicatos ni el Gobierno Nacional deben intervenir en sus posiciones a favor de Uribe, porque afectan la independencia de los poderes públicos, que los empresarios deben defender hasta el agotamiento de todas las instancias, en aras de nuestro Estado de Derecho social.

Las empresas y los sindicatos, en particular, deben y deben trabajar con todos los actores del sistema político-económico, sin bandos ni enfrentamientos. Es saludable recordar que las Cortes no están solas y son parte de un sistema en el que tienen comunión técnica, ideológica o política con otras instituciones del Estado, universidades, organismos multilaterales y ciudadanos, entre otros. Y como articuladores de los intereses legítimos de las empresas, los sindicatos necesitan relaciones despolitizadas con todos estos grupos.

Paráfrasis/Dinero

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Colombia

El debate entre Petro, Gutiérrez y Fajardo exhibe la fragmentación electoral colombiana

foto tomada de google news

El debate entre Petro, Gutiérrez y Fajardo exhibe la fragmentación electoral colombiana
Los tres precandidatos con más opciones de mantenerse en la carrera por la presidencia de Colombia cruzan ataques y evitan tender puentes a cuatro meses de las elecciones Fajardo y Gutiérrez se han lanzado contra Petro, que lidera las encuestas, y su propuesta de cambios El izquierdista y el candidato que representa al centro han acusado al de derecha de ser la continuación del uribismo en el país

El 29 de mayo se realizará en Colombia la primera vuelta de las elecciones presidenciales. Las candidaturas siguen muy abiertas y la fragmentación del voto obliga a todos los candidatos a unirse bajo coaliciones que multiplican sus posibilidades de ganar en las urnas. Prisa Media ha reunido este jueves a tres de los candidatos con más opciones de quedarse en la carrera por la presidencia. El líder de izquierda, Gustavo Petro, parte como favorito en todas las encuestas y su candidatura al frente del Pacto Histórico se da por segura. Es el rival a batir para todos. Lo acompañaron Sergio Fajardo, el mejor ubicado según las encuestas para encabezar la coalición de centro, y Federico Gutiérrez, el exalcalde de Medellín que destaca levemente en las encuestas para ganar la candidatura de la coalición de alcaldes, que trae juntos una enorme potencia regional. .

Sergio Fajardo: “No me uniré a Petro bajo ningún concepto” El exalcalde de Medellín, segundo en las encuestas, reconoce en el candidato de izquierda al rival a batir y asegura representar otra opción de cambio. En esta entrevista con EL PAÍS habla de su propuesta y de su visión del país.

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Colombia

Los detalles detrás de la pelea entre Íngrid Betancourt y Alejandro Gaviria

foto tomada de google news

Otros candidatos presidenciales de la Coalición Centro Esperanza también atacaron a Gaviria.
Tras el intercambio de palabras de alto calibre que se produjo entre el exministro de Salud, Alejandro Gaviria, y la candidata presidencial del partido Oxígeno Verde, Íngrid Betancourt, se desató una crisis en la Coalición Centro Esperanza, a la que ambos pertenecen.

Betancourt lanzó duras críticas a Gaviria durante un debate público realizado por la revista Semana y el diario El Tiempo. “Voy a decir algo que me duele infinitamente”, dijo Betancourt, como anunciando una tormenta política que luego sacudiría los cimientos de la coalición. “Alejandro, tú y yo hicimos un acuerdo, que firmamos en el Cónclave, que no íbamos a traer ninguna maquinaria a la coalición. Has aceptado el apoyo de gente que me preocupa mucho”, aseguró Betancourt y pidió que se haga una reunión para tratar el tema.

Gaviria no ocultó su exaltación tras recibir la burla. “Mira, lo tuyo es hipocresía y oportunismo, no tiene otro nombre”, le dijo Gaviria a Betancourt mirándola a los ojos. Le pidió que examinara las listas al Congreso de su partido y le preguntó irónicamente si esas placas estaban libres de maquinaria. Reiteró que seguirá “sumando apoyos”, y sostuvo que también vendrá a apoyarlo el exministro de Trabajo, Rafael Pardo.

En su respuesta, Betancourt volvió al ataque y dijo que los comentarios de Gaviria fueron “personales”. Incluso cuestionó la continuidad de la alianza del centro. “Hoy vamos a debatir este tema, yo no voy a dejar que entren los lobos donde están las ovejas”, dijo Betancourt.

Una alianza política de Gaviria fue la que detonó una serie de amargas disputas al interior de la coalición. Se trata de la llegada del senador de Cambio Radical, Germán Varon, a la campaña presidencial de Gaviria, que fue anunciada el pasado lunes. Como legislador, Varón ha sido una pieza clave para el exvicepresidente Germán Vargas Lleras, quien aún no decide cuál será su apuesta en las próximas elecciones presidenciales.

A raíz de estos vínculos, también se sumó a la disputa el candidato presidencial Sergio Fajardo, quien participaba en el debate. “Lo que acaba de pasar es algo duro para la coalición”, dijo, sumándose a las críticas de Betancourt. “No podemos avanzar en nuestra coalición con clientelismo que se va a colar en nuestro proyecto político”, concluyó.

Tras el final del debate, que dejó los ánimos encendidos entre los candidatos, también hubo declaraciones públicas que dejaban entrever las rencillas internas. Gaviria dijo que los candidatos presidenciales de la coalición habían tenido una reunión que se prolongó durante toda la tarde del martes, pero no expresaron su molestia con las alianzas. “Podríamos haber tenido una discusión interna razonable y sensata”, dijo Gaviria. “Esto hay que tramitarlo internamente, sin convertirlo en un espectáculo público, como sucedió”, dijo Gaviria.

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Colombia

Los puntos claves de la Ley de Seguridad Ciudadana sancionada por el Presidente Duque

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El presidente de la República, Iván Duque Márquez, sancionó este martes la Ley de Seguridad Ciudadana, que permitirá utilizar instrumentos jurídicos y recursos económicos para combatir la delincuencia y los hechos que afectan la tranquilidad de los territorios.

La ley, que fue aprobada en el Congreso de la República a fines de 2021 y sobre la cual trabajaron los Ministerios de Justicia, Interior y Defensa, permitirá reformas al Código Penal, Código Procesal Penal, Código de Seguridad Nacional y Ciudadanía. Coexistencia y Código de Extinción de Dominio.
“La Ley de Seguridad Ciudadana es una realidad gracias al trabajo en equipo de todas las instituciones, comprometidas con el bienestar de los ciudadanos; busca reducir la impunidad y otorga mayor protección a los ciudadanos y miembros de la fuerza pública”, dijo el presidente Duque.

La norma también permite establecer la regulación de armas, objetos y artefactos menos letales, además del control del Registro de Identificación Balística. Según el Gobierno, la ley permitirá que quien asesine a un miembro de las fuerzas de seguridad oa un líder y defensor de derechos humanos reciba la pena máxima de hasta 58,3 años de prisión.

A la sanción asistieron los ministros del Interior, Daniel Palacios; de Defensa, Diego Molano; de Justicia, Wilson Ruiz; la presidenta de la Cámara de Representantes, Jennifer Arias; el Senador Germán Varón; el representante a la Cámara, Juan Manuel Daza; el director de la Policía Nacional, general Jorge Luis Vargas Valencia, entre otros miembros del Gobierno y la Fuerza Pública.

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